Patricia Gonzalez se ha tomado en serio las ideas de las mujeres para repensar el concepto de autonomía en clave feminista. Los feminismos indígenas y académicos de nuestra región proveen el sustrato de su conceptualización. La autora nos propone otra forma de incorporar una perspectiva feminista al derecho. En su análisis de las principales decisiones de los más altos tribunales de justicia de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, la autora realiza un ejercicio exhaustivo de comparación jurídica que devela una multiplicidad de déficits interpretativos. Desde un enfoque feminista, su análisis rastrea la diversidad de encuadres de justificación puestos en práctica por los tribunales de los países seleccionados. El texto indaga sobre una variedad de cuestiones regulatorias que se han discutido en sede judicial y en los foros del poder ejecutivo para garantizar la provisión de abortos legales. En sus palabras, implica comprometerse seriamente con el abandono del derecho penal como mecanismo de contención de las decisiones reproductivas de las mujeres. El cambio social parece estar en marcha. El cambio legal que han implicado en los últimos años las reinterpretaciones de nuestro modelo de aborto no punible realizadas por la sociedad civil, los tribunales, la Corte Suprema de la Nación y los Ministerios de Salud a través de protocolos de aborto no punible, parece ya haber dejado en claro sus propios límites.

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