En la legítima defensa, el principio de proporcionalidad entre la gravedad del ataque y la reacción del agredido, no despliega toda su eficacia. Las teorías jurídicas son contradictorias al interpretar y aplicar los presupuestos legales de la legítima defensa a los casos más extremos y conflictivos, y muchas de ellas están influidas por la sensibilidad cultural y la realidad económica. La principal aportación de Jacson Zilio es referir estas restricciones ético-sociales a los fines preventivos y garantísticos. Zilio no cuestiona la necesidad de la defensa, sino procura destacar que debe ser permitida cuando esta se corresponde con los fines preventivos y al principio de intervención mínima del derecho penal. El autor procura concretar las restricciones ético-sociales en un doble sentido: por un lado, minimizando la violencia privada a límites compatibles con los fines preventivos del Derecho penal; y, por otro, orientando la solución de los casos en la tutela de los derechos humanos, de los que también el agresor es titular.

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